Inglaterra

Revelan “presiones secretas” de Isabel II al gobierno de Escocia

Según The Guardian, abogados de la reina consiguieron una dispensa del Gobierno escocés “aprovechando un oscuro procedimiento parlamentario conocido como 'consentimiento de la reina'”, que permite a la monarca ver por adelantado la legislación.

Los abogados de la reina Isabel II de Inglaterra presionaron en secreto a ministros escoceses para que cambiaran un proyecto de ley y eximieran sus terrenos privados de una importante iniciativa para reducir las emisiones de carbono, según revelaron documentos publicados por el diario The Guardian.

“La exención significa que la reina, una de las mayores propietarias de tierras de Escocia, es la única persona de la región que no está obligada a facilitar la construcción de canalizaciones para calentar los edificios con energías renovables”, explicó la investigación del periódico.

Según el informe, los abogados de la reina consiguieron la dispensa del Gobierno escocés aprovechando un oscuro procedimiento parlamentario conocido como ‘consentimiento de la reina‘”, que permite a la monarca ver por adelantado la legislación.

“El opaco mecanismo parlamentario se ha tomado prestado de Westminster, donde existe como costumbre desde aproximadamente el año 1700”, explica The Guardian.

La monarquía utilizó “repetidamente” su acceso privilegiado a los proyectos de ley entre finales de la década de 1960 y 1980 para presionar a los ministros para que cambiaran la legislación del Reino Unido en beneficio de sus intereses privados o para que reflejaran sus opiniones.

Los documentos, revelados la investigadora del Partido Liberal Demócrata escocés Lily Humphreys utilizando las leyes de transparencia, “revelan cómo la monarca utilizó su acceso especial a la legislación escocesa para intervenir en el proceso parlamentario” en febrero de 2021. Esta medida, según The Guardian, “contradice” el compromiso de la familia real con la crisis climática, abordada con pasión por el príncipe Carlos y su hijo mayor, Guillermo.

El Gobierno de Sturgeon anunció el proyecto de ley de redes de calor como una pieza clave para combatir la emergencia climática, ya que “ayudaría a recortar las emisiones, reducir la pobreza energética y crear empleos verdes”. Permitiría la construcción de canalizaciones para calentar viviendas y empresas utilizando energía renovable, en lugar de calderas independientes de combustibles fósiles.

Isabel II en la apertura del Parlamento británico en 2015.

En enero, el jefe de gabinete del gobierno escocés escribió a Sir Edward Young, el más alto asesor de la reina, pidiéndole su consentimiento para el proyecto de ley de redes de calor. En febrero, en el ministerio de Energía de Escocia quedó “constancia de que los abogados de la reina habían planteado sus dudas sobre el proyecto de ley”. Esto se había hecho en relación con el proceso de ‘consentimiento de la reina’.

El 17 de febrero, un funcionario real dijo al Gobierno escocés que la reina había dado su consentimiento para la aprobación del proyecto de ley pero cuando los diputados debatieron el asunto se presentó una enmienda que impedía que las empresas y las autoridades públicas obliguen a la reina a vender terrenos suyos para permitir la construcción de canalizaciones de energía verde.

Un diputado se opuso a la enmienda, argumentando que era un “error” que la reina recibiera un trato preferente. El Palacio de Buckingham dijo que el ‘consentimiento de la reina’, un proceso que requiere que los ministros notifiquen a los abogados cuando un proyecto de ley pueda afectar a sus poderes públicos o intereses privados, es una parte “puramente formal” del proceso parlamentario, explicó The Guardian.

“Cada vez hay más ejemplos en los que la reina ha aprovechado sus privilegios de consentimiento para exigir cambios antes de consentir formalmente que la ley siga su curso en el Parlamento”, dice el informe. “A diferencia del procedimiento de la aprobación real –una formalidad que convierte un proyecto de ley en ley–, el consentimiento de la reina da a la monarca un mecanismo para inmiscuirse de forma encubierta en las leyes británicas propuestas sin que la opinión pública sepa de su intervención”.

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