Inglaterra

El palacio negó que la reina Isabel haya bloqueado un proyecto de ley

“Cualquier afirmación de que la soberana ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta”, aseguró un portavoz real.

El Palacio de Buckingham afirmó que Isabel II de Gran Bretaña nunca trató de hacer lobby contra un proyecto de ley. Ocurrió después de que unos documentos oficiales recientemente descubiertos sugirieran que el abogado de la reina presionó al gobierno de Edward Heath en 1973 para que cambiara un proyecto de ley que habría revelado detalles de su fortuna personal y sus transacciones privadas.

Cualquier afirmación de que la soberana ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta”, aseguró un portavoz, citado por The Telegraph.

La casa real dijo que cualquier afirmación de que la reina Isabel tenía el poder de bloquear la legislación era “incorrecta”.

“El consentimiento de la reina es un proceso parlamentario, con el papel de soberano puramente formal. El consentimiento siempre lo otorga el monarca cuando lo solicita el gobierno”, dijo el palacio en un comunicado.

El Parlamento decide si se requiere el Consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que puedan afectar los intereses de la Corona. Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley, por convención, se somete al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como un asunto de dominio público”.

Isabel II acusada de lobby político: qué dicen los documentos

Isabel II, reeina de Gran Bretaña desde 1952.

Los documentos de los Archivos Nacionales revelaron una serie de reuniones entre su abogado, Matthew Farrer, y altos funcionarios públicos en 1973 después de que el gobierno de Edward Heath propusiera una legislación que habría hecho que las acciones de la empresa fueran más transparentes.

Un informe en The Guardian afirma que la reina se enteró del proyecto de ley a través de la promulgación del Consentimiento de la Reina, cuando se informa a la monarca de la legislación que podría afectar los intereses privados de la Corona.

Los documentos sugieren que en noviembre de 1973, después de conocer un proyecto de ley que potencialmente expondría el alcance “vergonzoso” de sus acciones, la reina Isabel II envió a Farrer a presionar al gobierno para que hiciera cambios.

El gobierno insertó una cláusula en el proyecto de ley que otorga la facultad de eximir de medidas de transparencia a las empresas utilizadas por “jefes de estado”. Pero la correspondencia posterior sugirió descontento por ese compromiso porque aún dejaría en claro qué inversiones tenía la reina.

En diciembre de 1973, el Secretario de Comercio escribió a otro ministro proponiendo una cláusula en el proyecto de ley para permitir que el gobierno eximiera a ciertas empresas de declarar la identidad de los accionistas. Su memo decía: “Mi departamento ha discutido esta solución con los asesores legales de la reina”.