La corte de Luxemburgo comienza su lavado de cara tras el explosivo Informe Waringo


Reglas transparentes y más controles sobre el presupuesto o el modo de funcionamiento: la Casa del Gran Duque mira decididamente hacia el futuro.

La Corte Gran Ducal de Luxemburgo comenzó a implementar reformas en busca de superar los resultados del explosivo Informe Waringo. Publicado a principios de este año y convertido en un dolor de cabeza tanto para los grandes duques Enrique y María Teresa como para el gobierno, el minucioso informe hablaba de las enormes incongruencias existentes en el funcionamiento de la corte y de la presunta extrema influencia de la soberana en las decisiones.

Esta semana se publicó una veintena de anuncios en la web oficial de la monarquía en busca de mejorar el funcionamiento de la Corte, tal como recomienda el informe. La casa real busca colaboradores, un archivero, editores multimedia, valets o funcionarios que tomes los puestos para de director de la oficina del Mariscal de la Corte o director de gestión e infraestructura. Según el diario local WORT, estas candidaturas “tienen como objetivo tanto cubrir puestos vacantes como crear nuevas funciones”.

A principios de octubre, diez meses después de la publicación del informe Waringo, el primer ministro Xavier Bettel anunció que “el Gran Duque dejará de ser el jefe de la administración”, en un intento por desaparecer la influencia de la gran duquesa María Teresa, considerada nociva por diversas investigaciones. El rol será ocupado por el Mariscal de la Corte con mayores atribuciones, siguiendo las recomendaciones de la investigación liderada por Jeannot Waringo.

Como parte de estas reformas, el presupuesto dedicado a la Maison du Grand-Duc se ha revisado al alza, ya que el proyecto de presupuesto 2021 prevé una dotación global de 20 millones de euros, frente a 10,6 millones de euros de 2020. La prensa luxemburguesa, sin embargo, cree que hay que tomar estas cifras “con cautela” ya que los presupuestos anteriores de la Corte gran ducal “no tomaban en cuenta el uso de fondos de otros ministerios para asegurar el buen funcionamiento de los servicios dedicados al Jefe de Estado”.

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